Los efectos del Pentagate
continúan provocando estragos en la élite política del país. El caso ha puesto
en duda el financiamiento de campañas electorales, un aspecto esencial del
proceso democrático. Las conclusiones preliminares apuntan a que los aportes
reservados han resultado en posibles fraudes al fisco y conflictos de interés
entre empresarios y políticos.
No han sido semanas fáciles para
el presidente de la UDI, Ernesto Silva. De su colectividad emanan los
principales cuestionados (Jovino Novoa, José Antonio Kast, Iván Moreira, Ena
von Baer y su ex candidato presidencial, Laurence Golborne), y también lo han
puesto a él, como timonel del partido, en una situación compleja: debe liderar
y cuidar a los suyos, pero su rango de acción está limitado por el vínculo
familiar que tiene con Carlos Alberto Délano.
Afortunadamente para la mesa
directiva del gremialismo, lo que pudo haber sido el peor foco del conflicto
pasó a segundo plano tras las diligencias que la PDI realizó en la casa de
Andrés Velasco.
El nombre de Velasco surgió a
partir de las declaraciones del ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo. Después de
varios días en silencio, Velasco y su equipo de asesores hicieron pública una
declaración que aceptaba la responsabilidad de una relación laboral –tomando la
forma de “charlas o servicios específicos”– entre el ex candidato y el grupo
Penta. Sin embargo, fueron enfáticos al señalar que no hubo financiamiento del grupo
Penta para su candidatura de primarias.
Lo anterior no presupone un
problema legal para el ex Ministro de Hacienda. Por lo menos, hasta que un
proceso judicial demuestre lo contrario. Velasco tiene –como cualquier otra
persona en Chile– el derecho de prestar servicios y recibir una remuneración por
los mismos, dentro del marco jurídico existente.
Por lo tanto, el problema de
Velasco no es de legalidad, sino de legitimidad. El despliegue mediático del
caso ha provocado un daño que aún no podemos cuantificar –pero que sin duda
influirá– en la imagen del economista. El resultado crea la noción que Velasco incurrió
en las mismas “malas prácticas” que ha denunciado en diversas instancias, y sobre
la que se sustenta una parte no menor de su plataforma electoral.
La polémica ha puesto en duda su
credibilidad como político. Un hecho particularmente desfavorable dentro de un
contexto de candidaturas altamente personalizadas; donde palabras y acciones
–entendido como la “imagen” o lo “visible”– pueden llegar a ser más importantes que las ideas –lo programático– al
momento de ser evaluado en una encuesta o al establecer una preferencia
electoral.
Las críticas en contra de
Velasco fueron inmediatas. No obstante, es interesante observar que los principales
cuestionamientos no emanaron de la oposición –la UDI tiene suficientes
problemas, mientras que RN espera distanciarse de la “mala imagen” de su socio
de coalición–, sino que de la propia Nueva Mayoría.
Velasco es una de las cartas
mejor evaluadas por la ciudadanía para representar a la coalición en una futura
contienda electoral. Pero la misma valoración a la que tanto anhela un político
lo expone aún más a recibir ataques. Así lo ha demostrado el presidente del PS,
Osvaldo Andrade, cuyas declaraciones son una señal de la actitud que tomará un
sector de la Nueva Mayoría en relación a los actos del candidato independiente.
Por último, es posible
identificar al principal beneficiado de los hechos. Sin duda es Marco Enríquez-Ominami,
el principal rival de Velasco dentro de la Nueva Mayoría con miras a 2017. Marco,
siempre activo y crítico en política, optó por el silencio y recién ayer –en
una entrevista– declaró su opinión. Debe estar, sin duda, aprendiendo de los
errores de Velasco, mientras ve como la imagen de su adversario se derrumba.
