"Hoy día hemos venido a saludar a un amigo, un dirigente de la UDI muy destacado […] que está pasando un momento difícil.” Esas fueron las palabras que Ernesto Silva, presidente de la UDI, declaró al abandonar el Batallón de Telecomunicaciones de Peñalolén ¿El motivo de su visita? Respaldar al ex alcalde de Providencia, coronel (r) Cristián Labbé, detenido por asociación ilícita, secuestro y homicidio, en el marco de la investigación del caso Tejas Verdes.
La visita de la directiva UDI fue objeto de críticas. Entre las más notables está la del ex militante gremialista y actual edil de La Florida, Rodolfo Carter. "Ha sido profundamente imprudente y es una provocación hacia la opinión pública y hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos. No somos creíbles después de esto cuando le pedimos perdón a las víctimas.”
Carter tiene razón. Es una contradicción, por una parte, condenar la violación de derechos humanos ocurridas en dictadura y, por otra, expresar solidaridad hacia quienes posiblemente las cometieron. La UDI pudo haber expresado su respaldo en privado, como sin duda lo deben hacer otros adherentes de la dictadura militar. No por vergüenza, sino para evitar polémicas, que consiste en un intento de distanciamiento de individuos y/o instituciones, con hechos del pasado que pueden repercutir en el presente.
No obstante, la UDI optó por una estrategia contraria. La visita de la directiva consistió en un acto público cuyo objetivo fue proyectar una imagen y difundir un mensaje. Es un acto de aparente incoherencia entre acción y palabra, que suscita interrogantes respecto al actuar gremialista.
¿Por qué una nueva directiva –compuesta por dirigentes jóvenes, con ventaja sobre sus predecesores en materia de renovación y cambio respecto a hechos ocurridos en el pasado– arriesga perder el reducido capital del partido en materia de derechos humanos? Parece revertir una proyección anhelada por la UDI, de ser vista como una colectividad comprometida con la democracia y la defensa de derechos humanos.
Desde el inicio de la transición democrática y, particularmente después del arresto de Pinochet en Londres, los partidos de centro-derecha se han desligado, gradualmente, de la imagen del general. El distanciamiento es el resultado de un proceso de adaptación por parte de la derecha política a las preferencias de la ciudadanía. La sociedad –y en consecuencia, el electorado– se han convertido en críticos de los crímenes ocurridos en dictadura. Para sobrevivir y triunfar en el juego democrático, los partidos de derecha se han visto obligados a cuestionar su actuar. De esta forma, hemos sido testigos de una transformación de quienes integraron, colaboraron y, en su momento, defendieron la dictadura y negaron –amparándose en la ignorancia– las violaciones de derechos humanos.
Es lo que ha ocurrido con un sector importante –y políticamente más activo– de la derecha en Chile. Ha sido una transformación pragmática, un distanciamiento por conveniencia, que no necesariamente coincide con un cambio en la ideología partidaria. Por lo tanto, se puede argumentar que fue un cambio impuesto a los partidos de centro-derecha; una transformación necesaria para no perder legitimidad en sus aspiraciones político-electorales.
Sin embargo, existe otra derecha –menos complaciente– que no ha transado sus convicciones producto de los vaivenes de la política nacional. Para ellos –los Pinochetistas– el golpe –con todas sus secuelas, incluyendo la violación de derechos humanos– fue necesario para salvar al país del marxismo internacional. Como resultado, el cambio en el discurso de los partidos que los representan ha significado un duro golpe; provocando una sensación de abandono y traición, que ha culminado en una gran desilusión.
Los Pinochetistas se han convertido, de esta forma, en el sector más desplazado de la derecha chilena. Las cúpulas partidarias y representantes políticos han escuchado sus reclamos –considerando varios como propios–, pero no van más allá; saben que cualquier cercanía o defensa del legado de la dictadura puede inhabilitar futuras aspiraciones políticas. Además, dicho segmento del electorado forma parte de su “voto duro”, debido a que no existe otro partido y/o coalición que los represente en la arena electoral.
Es ahí donde radica el problema. Los sectores más duros de derecha, desencantados con sus partidos políticos (especialmente después de Piñera con sus “cómplices pasivos”), han optado por castigar a sus representantes mediante la indiferencia electoral. Es un modo de actuar frecuentemente utilizado en democracia, a pesar de la evidente paradoja de su uso entre los sujetos aludidos. Por su parte, los partidos han sentido el abandono en las últimas contiendas electorales; el respaldo que consideraban seguro –y por ende, descuidaron– ya no se refleja, necesariamente, en las urnas. Para los desplazados, los partidos de derecha han dejado de ser el mal menor. Estos últimos, preocupados cada vez más de ser minoría, buscan apaciguar la desconfianza existente.
La directiva gremialista está situada, entonces, ante una disyuntiva. Reactiva al cambio, puede afianzar sus bases electorales tradicionales o distanciarse y re encantar al electorado menos polarizado que perdió en las últimas elecciones. La visita a Labbé parece señalar que la estrategia está más cercana a la primera alternativa. Sin embargo, Silva y compañía deben preguntarse lo siguiente: ¿Qué ocurrirá si Labbé es procesado y declarado culpable? La “familia militar” estaría, en parte, satisfecha con el actuar de la directiva, pero el hecho implicaría una enajenación del partido con la gran mayoría de chilenos que se oponen a la violación de derechos humanos en dictadura.
