El sistema electoral binominal, una de las herencias más emblemáticas de la dictadura de Pinochet, llegó a su fin. Los 22 votos a favor de la Nueva Mayoría y de 2 independientes en el Senado bastaron para aprobar la nueva Reforma Electoral. El proyecto ha sido despachado, y salvo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional –la última oportunidad que tiene la Alianza para vetar el cambio–, debería llegar próximamente a las manos de la presidenta Bachelet para ser promulgado.
El cambio al sistema electoral representa un verdadero hito en la historia republicana de Chile. Esto se debe a que el binominal es un símbolo de la dictadura, un resguardo autoritario en desmedro de la competencia partidaria y de la democracia. Ante semejante acontecimiento, se puede realizar una reflexión acerca del origen y función de sistema, como también sobre las implicancias de su transformación. El primer objetivo está asociado a las razones de su formulación, mientras que el segundo se enfoca en sus efectos político-institucionales.
La Constitución de 1980 y el marco institucional legado por la dictadura son ilegítimos en su origen. La legitimidad de las instituciones radica en que los individuos que componen una determinada sociedad puedan influir y establecer sus preferencias –por ejemplo, mediante elecciones– respecto al marco regulatorio que los gobierna. Este fue un hecho ausente en dictadura. La Junta Militar derrocó un gobierno electo y después utilizó las elecciones para legitimar su accionar frente a la comunidad internacional (1978) y nacional (1980). En ambas instancias, hubo una ausencia de garantías mínimas para ejercitar adecuadamente el derecho a sufragio, proceso que encarna a la voluntad popular. Incluso los plebiscitos de 1988 y 1989 –que aumentaron los resguardos básicos de la decisión ciudadana– están manchados por el contexto en que ocurrieron y de los actores que emanaron.
El argumento expuesto es válido para las ideas. Pero la ilegitimidad de concepción no es un impedimento para la legitimización a través de la práctica. Un hecho es que el sistema electoral sea ilegítimo por la forma en que es formulado, pero otro muy distinto es que la sociedad y partidos utilicen sus reglas, y terminen avalando el proceso electoral. En el caso chileno, primero fue impuesto y después simplemente aceptado, convirtiéndose en rutinario. En otras palabras, los propios chilenos nos hemos encargamos de ratificar el marco institucional heredado de Pinochet.
¿Pero qué motivó la formulación del binominal? y ¿cuáles eran sus efectos deseados? Durante la dictadura, los militares y civiles que gobernaban desconfiaban igualmente de la política partidaria. De acuerdo a su punto de vista, políticos y partidos habían polarizado a la sociedad chilena, forzando el quiebre institucional de 1973. Dependía de ellos, entonces, velar por el adecuado funcionamiento del país una vez que cedieran el poder. Pero aún más importante, debían hacerlo sabiendo que el gobierno saliente y sus aliados eran impopulares, y que se verían perjudicados en una contienda electoral. Por lo tanto, el sistema electoral binominal se transformó en una más de las políticas –formales e informales– que caracterizarían nuestra democracia tutelada, y que incluso se mantuvo después del término de la transición.
El principal obstáculo para los que dejaban el poder no eran los partidos, sino la misma sociedad chilena. Los partidos políticos no aparecen de la nada. Tampoco tienden a ser gatillados por factores exógenos, a pesar de existir excepciones [1]. Al contrario, los sistemas de partidos están directamente relacionados a la sociedades donde surgen. Es decir, son las sociedades las que, al menos en un principio, determinan su creación, explicando la variedad de sistemas a lo largo del mundo.
Chile es en esencia, multipartidista. Lo ha sido, prácticamente, a lo largo de toda su historia. Los primeros partidos –todos altamente elitistas– surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Fue ahí que una incipiente división bipartidista (conservadores y liberales), rápidamente dio paso a un multipartidismo (nacionales, radicales, fusionistas, demócratas, entre otros), que caracterizaría a nuestra nación. Dicho proceso se acentuó tras las expansión del derecho al sufragio [2]. Ni siquiera la dictadura –con toda su represión– fue capaz de eliminarla. Los partidos, a pesar de ser suprimidos durante 17 años, se mantuvieron vigentes y esperaron la venida de la transición. El multipartidismo, entonces, puede ser entendido como un fenómeno inherente a nuestra sociedad.
La decisión de los gobernantes salientes fue alterar la morfología de la competencia. Anticipando un escenario electoral pesimista, y que el número de partidos se mantendría similar, decidieron reforzar los incentivos institucionales; los mismos que determinan el comportamiento de los partidos políticos. De esta forma, el binominal repartiría equitativamente los escaños, fomentaría dos grandes coaliciones, facilitaría los consensos y evitaría la polarización. El efecto fue inmediato, incluso varios se pueden constatar en la actualidad: el sistema acercó a antiguos rivales (PS y DC), mantuvo unidos a otros (UDI y RN) y excluyó a los que no eran bienvenidos (PCCh, por lo menos en un principio). El resultado fue la estabilidad política, obra de fuerzas conservadoras cautivadas por el orden [3].
Respecto al nuevo sistema, han surgido visiones contrapuestas. Desde la oposición acusan que la fórmula D’Hondt es un “traje a la medida” para la Nueva Mayoría. Tienen razón, en parte. Fueron los mismos legisladores del gobierno los que definieron y aprobaron los cambios que los elegirán en el futuro. Aseguraron su escaño al aumentar los cupos y no se inhabilitaron para competir en la próxima contienda electoral, donde más de alguno dirá que es su primera elección debido al cambio en las reglas del juego. Pero tampoco hay que olvidar que las voces críticas provienen de los que se sienten más cómodos con el traje del binomial, que durante 25 años les ha asegurado una representación no proporcional a los votos que han recibido.
Para finalizar, cabe recordar que no existe un sistema electoral perfecto. Todos contienen vicios ¿Acaso se podría esperar algo diferente de un mecanismo que regula la práctica política? La actual modificación, por lo menos, fue elaborada y votada en democracia. Es una alternativa legítima, que estará en mayor sintonía con los intereses históricamente presentes en la sociedad chilena. Aumenta la incertidumbre de resultados, fomenta la competencia y establece cuotas de género, aspectos no considerados por el binominal. Los que le temen la inestabilidad –que coincidentemente son los mismos que se esconden detrás de barreras electorales– pueden estar tranquilos. Chile ha demostrado madurez política. El país tuvo que esperar casi tres décadas para tener un nuevo sistema electoral, cuyo cambio fue realizado aceptando el alto quórum de votaciones. Es decir, las mismas que fueron establecidas por la dictadura ¿O ahora sus reglas sólo sirven para imponer normas, y no modificarlas?
[1] Josep Colomer (2004) resume el debate endógeno que existe entre sistemas de partidos y sistemas electorales. El primero fomentando la creación del segundo. A su vez, existen casos donde los sistemas institucionales, incluyendo los partidarios, son creados y/o fomentados por invasiones. Andrew Gordon (2014) resume lo ocurrido en el caso japonés después de la Segunda Guerra Mundial.
[2] Simon Collier (2003) describe la incipiente y posterior consolidación de partidos políticos en Chile entre 1830-1865. Según el autor, fue durante el gobierno de Manuel Montt (1851-1861) que el multipartidismo surgió en el país. Para mayor información, leer también a Samuel Valenzuela (1995) y René León Echaiz (1971).
[3] Las fuerzas conservadoras jugaron un rol esencial en la creación de la República, amparándose en la necesidad de orden. Para mayor información, leer a Simon Collier (2003), Simon Collier & William Sater (2004) y Sofía Correa (2005).
