A pocos días de haber concluido el secreto investigativo del caso Pentagate, surgieron nuevos antecedentes que continúan poniendo en jaque el financiamiento de campañas políticas en Chile.
La UDI es, sin duda, el partido más afectado por el escándalo, debido a que sus filas contienen a los principales involucrados. Los senadores Iván Moreira y Ena von Baer, el ex candidato a senador, Pablo Zalaquett, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el ex senador Jovino Novoa, e incluso su ex candidato presidencial, Laurence Golborne, figuran en la nómina del grupo Penta.
El gremialismo ha sido errante en su defensa. Al principio, la mesa directiva negó cualquier vinculo con Penta. A través de entrevistas rechazaron cuestionamientos sobre aportes irregulares o haber solicitado contribuciones para sus campañas. Hoy, ante la luz de los hechos, recién comienzan a reconocer “posibles errores.”
El partido ha apostado por tres estrategias paralelas. Hasta el momento, ninguna ha conllevado a buenos resultados.
La primera, consiste en denunciar que el financiamiento es un problema que afecta a todos los partidos, pero que por el momento la atención se ha centrado en ellos (olvidando las acusaciones que existen en contra de Andrés Velasco, Felipe Kast y Alberto Cardemil). Es decir, en una evidente contradicción, la UDI imputa un hecho generalizado, pero rehúsa reconocer que el mismo ocurre en su interior.
La segunda estrategia deriva de la anterior, donde la UDI ha buscado, fallidamente, revertir el foco del problema hacia el gobierno. Desde la directiva han cuestionado al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por el financiamiento que recibió su fundación cuando fue candidato a senador. También han sugerido que la comisión investigadora podría citar a la Ministra del SERNAM, Claudia Pascual, por los vínculos económicos entre el Partido Comunista y la Universidad Arcis. Sin embargo, ante la falta de nuevos antecedentes, la UDI se ha quedado sin mayores argumentos.
Por último, el gremialismo ha apostado por victimizarse. Los argumentos varían desde ser un chivo expiatorio de un proceso judicial privado, hasta una persecución del Ministerio Público para dañar su imagen. Acusan a todos de conspirar en su contra y, debido a ello, han disminuido su abanico de aliados, aumentando el aislamiento del partido.
La mala gestión del partido opositor radica en los flancos producidos por su propia directiva. Uno de los actos más graves involucra al presidente de la UDI, Ernesto Silva. Entre los documentos de la carpeta judicial –publicado el martes por La Segunda– hay un mail entre el controlador del grupo, Carlos Eugenio Lavín y el diputado Silva. En el mensaje, Eugenio Lavín expresa su malestar (“de máxima gravedad”) por los ajustes en la Ley de Isapres y, como resultado, le escribe a Silva para saber “si se nos ocurre algo” respecto a la propuesta.
El intercambio de palabras –que continúa con una escueta respuesta de Silva, donde aclara la duda– es sumamente grave. A simple vista, es el pago encubierto de favores políticos como resultado de financiamiento electoral irregular. Es un tema que siempre ha preocupado en Chile, pero que pocas veces ha sido desclasificado de manera tan evidente.
Los próximos pasos de la UDI definirán su futuro político en el mediano plazo. Con las elecciones municipales de 2016 en la mira, no existe mucho margen de error. La estrategia de denunciar y victimizarse ha probado no funcionar. El partido debe considerar nuevas estrategias, enfrentando de cara el problema, por último para evitar nuevas escenas en que deban contradecirse públicamente. Sin embargo, con el problema residiendo en su propia directiva ¿podrá el gremialismo encontrar una salida?
